fuente: Clarin.com (ARGENTINA)

Otra vez Benedicto XVI está bajo fuego graneado. Ahora, las críticas apuntan a su actuación frente a las denuncias de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes en la época en que era prefecto de la congregación para la Doctrina de la Fe hasta ser electo Papa. Las principales acusaciones surgieron del diario The New York Times, especialmente por el caso del sacerdote Lawrence Murphy, culpable de someter a numerosos niños cuando era capellán de una escuela para sordos de la diócesis de Milwaukee, EE.UU., entre 1950 y 1974. ¿Los cargos?: Cajonear los casos, posibilitando así que algunos delincuentes siguieran con sus fechorías. Un cuestionamiento va más atrás, se remonta a la época en que Joseph Ratzinger era arzobispo de Munich y apunta a que supuestamente consintió recibir a un sacerdote con antecedentes de pedofilia. Pero calificados observadores salieron en los últimos días no solo a rechazar las denuncias, sino a enfatizar que Joseph Ratzinger es quien más hizo y hace en la Iglesia para afrontar y combatir el flagelo.

"No, no son ciertas las acusaciones contra el Papa", dispara su vocero, el jesuita Federico Lombardi. "Ratzinger es el paladín de cómo afrontar estas cuestiones ya desde cuando estaba al frente de la congregación para la Doctrina de la Fe y se puso en marcha en 2001 la nueva legislación para este tipo de actos", agrega. Se refiere al firme criterio que se adoptó tras las denuncias de casos de abusos en los Estados Unidos, cuando Juan Pablo II optó por la llamada "tolerancia cero". O sea: aislamiento del sacerdote acusado, intervención directa del Vaticano en el juicio canónico –la pena máxima es la expulsión del sacerdocio-, un mayor plazo para la prescripción de las causas y hasta imprescriptibilidad. Además de la denuncia ante la justicia y la asistencia a las víctimas. "Que hubiera antes una cultura de ocultar el problema o de resolverlo simplemente trasladando a las personas es algo que no podemos negar, pero en el cambio de criterio fue clave Joseph Ratzinger", subraya Lombardi.

No concuerda, además, con quienes dicen que el Papa no reconoció la responsabilidad de la Iglesia en estos casos. "No es cierto. El Santo Padre afrontó la situación en numerosas ocasiones. Cuando visitó los Estados Unidos y Australia, se reunió con las víctimas de abusos. Hace pocas semanas escribió una carta personal a los fieles irlandeses ante las numerosas denuncias en ese país en la que dedica palabras impresionantes a las víctimas, se muestra muy duro con los agresores y señala con valentía la responsabilidad de los obispos. La carta a los fieles irlandeses no tiene por qué ser su última palabra sobre el asunto, pero tampoco se puede pretender que dedique todos los días a responder a las acusaciones de algunos periodistas". Finalmente, Lombardi cree que detrás de las acusaciones al Papa hay una intención de litigar contra el propio Vaticano. "Aquí hay unos abogados que están pasando los documentos de sus casos a los medios, que no profundizan, para ganar más dinero", señala.

Esta posición es asumida con gran energía por Vittorio Messori, el escritor y periodista católico más traducido en la actualidad, autor de sus celebres conversaciones con Juan Pablo II y el actual Papa cuando era cardenal. Destaca la altura de Benedicto XVI quien en la carta a los fieles irlandeses no hace "ni una sola mención al apetito económico que movió a los estudios de abogados anglosajones a publicar anuncios en los medios de comunicación. '¿Quiere hacerse millonario? Haga entrar a su hijo a un seminario y en un año y medio venga a vernos'. En efecto, la common law permite a los abogados compartir con sus clientes la mitad de los resarcimientos que ordenan los tribunales. Esos estudios jurídicos usan de alfombra a muchos viejitos y los convencen de hacer juicios millonarios. Desde hace años el 'católico pederasta' es el protagonista de un negocio descomunal, al punto de haber llevado a la bancarrota a diócesis enteras y órdenes opulentas".

En rigor, el objetivo de accionar judicialmente con el Vaticano y sentar en el banquillo de los acusados a Benedicto XVI fue clara y abiertamente expuesto por abogados norteamericanos que vienen trabajando con decisión en esa dirección. Incluso ya hay un pronunciamiento de un tribunal de EE.UU. que habilitó esta posibilidad, aunque todavía debe pasar por instancias judiciales superiores. La tesis es que los sacerdotes son empleados de la Santa Sede, que debe responder por ellos. "La Iglesia no es una multinacional", dice Lombardi y agrega: "Roma es un servicio a la unidad de la Iglesia y no se le puede achacar responsabilidades concretas de las autoridades locales. El Papa manifestó toda su participación en lo ocurrido, pero no puede asumir responsabilidades que no tiene y no le corresponden. No sería justo. Si el general de un ejército permite que sus soldados actúen mal, no se puede exigir responsabilidades al presidente de ese país", consideró.

En cuanto a las acusaciones contra el Papa de haber encubierto a curas pederastas, Messori las rechaza citando como ejemplo el caso de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, culpable de abusos y protagonista de relaciones furtivas que derivaron en varios hijos. "Esa congregación era muy querida por Juan Pablo II. Las voces que llegaban a Roma sobre los abusos de Maciel contra seminaristas eran prudentemente sopesadas por Karol Wojtyla, quien recordaba que en Polonia los comunistas se servían de acusaciones similares para dañar a la Iglesia. Y bien, una de las primeras medidas de Ratzinger al llegar al papado fue la suspensión 'a divinis' de Maciel, llamándolo a encerrarse en clausura y dedicar el tiempo que le restaba a la oración y la penitencia. Incluso, el Papa se apuró a abolir el cuarto voto de los Legionarios, el llamado 'voto de discresión' que imponía el secreto a los superiores y obstaculizaba las investigaciones de la Santa Sede".

El periodista italiano Riccardo Cascioli se ocupó de analizar la documentación publicada por The New York Times sobre el caso Murphy. Y la acusación de que "altos funcionarios del Vaticano –incluido Ratzinger- no habían expulsado del estado clerical al sacerdote, a pesar de que varios obispos de EE.UU. advirtieron repetidamente que la falta de una acción decidida en este caso podría poner en entredicho a la Iglesia". En un artículo en el diario católico italiano Avvenire, Cascioli escribe que "en realidad, precisamente, la documentación publicada por TNYT desmiente esta lectura tendenciosa de los hechos. Los documentos dicen, de hecho, que los únicos que se preocuparon por el mal realizado por Murphy fueron los responsables de la arquidiócesis norteamericana y la congregación para la Doctrina de la Fe, mientras que las autoridades civiles habían archivado el caso". Y que cuando le tocó a Roma intervenir, ordenó actuar contra Murphy.

Además del económico, observadores católicos perciben otro objetivo en la embestida contra Benedicto XVI: menoscabar su autoridad. Y, por extensión, minar los principios que proclama. Para el prestigioso vaticanista italiano Sandro Magíster, el ataque tiene que ver con lo que el Papa representa, dice y hace